Las plataformas de alojamiento turístico generan más de 215.000 empleos. Esto dice el documento.
Publicado por: Redacción Nacional
La continuidad de Airbnb y de otras plataformas de alojamiento turístico en Colombia quedó en entredicho tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, según diversos actores del sector, impondría requisitos tan estrictos que harían inviable su operación.
Los gremios advierten que la propuesta podría derivar en la retirada parcial o incluso total de estas plataformas digitales del país, con un impacto directo sobre economías locales.
La alerta fue lanzada por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), que calificó el documento como una norma “de imposible cumplimiento técnico y jurídico” y denunció que entraría a regir el 18 de diciembre sin ningún período de transición, un escenario que —aseguran— paralizaría buena parte del mercado de vivienda turística no hotelera.
Muy preocupados por el cambio de reglas para plataformas de turismo que propone @MincomercioCo en su proyecto de decreto, abierto para comentar hasta el 17 de diciembre. Siempre disponibles para compartir alternativas técnicamente viables para incrementar el uso de la tecnología.
— CCIT (@CCIT_) December 11, 2025
La CCIT sostiene que el decreto transformaría el actual sistema declarativo, contemplado en la Ley 2068 de 2020, en un modelo de preverificación administrativa. En la práctica, esto implicaría que los propietarios y plataformas deban entregar documentos adicionales, someterse a revisiones previas y cumplir procedimientos que no están contemplados en la normativa vigente.
Para el gremio, este cambio equivale a imponer una “licencia de facto” para poder operar. Hasta ahora, el 95 % de las viviendas turísticas está formalizada y registrada en el Registro Nacional de Turismo (RNT) gracias a un proceso simple y accesible. La nueva propuesta, advierten, elevaría la barrera de entrada, dejando a miles de anfitriones sin capacidad de cumplir con los requisitos.
Responsabilidades estatales que pasarían a las plataformas
Uno de los puntos que más controversia genera es la intención de trasladar a empresas privadas funciones que hoy corresponden exclusivamente al Estado. Las plataformas deberían:
- Verificar cada seis meses la vigencia del RNT de todos los anfitriones.
- Garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no existen o están incompletos.
- Comprobar que el uso del suelo y los reglamentos de propiedad horizontal permitan el alquiler temporal, algo que actualmente no exige la ley.
- Detectar y eliminar anuncios duplicados.
Según la CCIT, estas obligaciones serían técnicamente inviables y harían operar a las plataformas bajo un riesgo permanente de incumplimiento.
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El golpe económico recaería sobre las familias
El gremio advierte que el costo de este giro regulatorio sería enorme. Las plataformas de alojamiento turístico generan más de 215.000 empleos y aportan alrededor de 550 millones de dólares al PIB turístico. Además, dinamizan la economía de más de 600 municipios —incluyendo zonas rurales y PDET— donde la infraestructura hotelera es escasa o inexistente.
Solo en 2024, los viajeros que usaron este tipo de alojamientos dejaron 2,8 billones de pesos en restaurantes y 1,3 billones en transporte, cifras que muestran la cadena de valor que se vería afectada.
El presidente de la CCIT, Alberto Samuel Yohai, advirtió que los nuevos trámites expulsarían a miles de pequeños anfitriones —en su mayoría mujeres, adultos mayores y familias de clase media— que dependen de este ingreso para sostener sus viviendas. Según él, “imponer estándares pensados para grandes comerciantes a quienes solo arriendan una habitación o un apartamento es condenarlos a la informalidad”.
La polémica también incluye cuestionamientos sobre la forma en que se construyó el decreto. La CCIT asegura que los gremios de plataformas y anfitriones quedaron por fuera de las mesas de trabajo, mientras que otros sectores sí fueron convocados. También denuncian la ausencia de un análisis de impacto jurídico y económico, requisito básico de técnica normativa.
Si el texto se firma tal como está, advierten, podría generarse un “apagón digital” en plena temporada de fin de año, afectando no solo a los viajeros, sino a regiones que dependen del turismo como motor de desarrollo.
