en Colombia, la justicia sigue esquiva. Mientras el gobierno presenta medidas económicas, la realidad es que muchas zonas del país siguen viviendo los estragos del conflicto: desplazamientos, reclutamiento de niños por grupos armados y violencia persistente.
El próximo 9 de septiembre, Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos en honor al legado de San Pedro Claver, el sacerdote jesuita que dedicó su vida a la defensa de los derechos de los esclavizados en Cartagena en el siglo XVII. Desde 1993, la fecha sirve como recordatorio de la importancia de los derechos humanos en un país donde, lamentablemente, el respeto por la dignidad y la vida han sido vulnerados de manera histórica.
Estas conmemoraciones nos invitan a recordar a quienes han sufrido la violencia e injusticia, manteniendo vivo el compromiso con la protección de los derechos fundamentales. En materia de derechos humanos, el acto de recordar adquiere un valor profundo. Es, en parte, una medida de satisfacción para las víctimas, un reconocimiento de los errores del pasado y una reafirmación de que la historia no se debe repetir.
Colombia tiene una deuda inmensa con sus víctimas. Según el Registro Único de Víctimas, aproximadamente 9,7 millones de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado, una cifra alarmante que refleja el profundo impacto de la violencia en el país. Este dato es un recordatorio del sufrimiento de comunidades que han enfrentado desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos. De manera reciente el gobierno propuso una medida controversial: imprimir billetes para financiar la reparación de las víctimas. Si bien es necesario asignar recursos para estas reparaciones, imprimir dinero no es la solución. Más allá del impacto económico que la medida podría tener, lo que parece ignorarse es que el verdadero reclamo es la exigencia de justicia y garantías de no repetición. La reparación debe ser integral. Que el Estado asuma su responsabilidad.
Hasta la fecha, Colombia ha destinado alrededor de 10,9 billones de pesos a través de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin embargo, el desafío es enorme. Se estima que el costo total podría ascender a 301 billones de pesos. A este ritmo, se necesitarían más de 100 años para cumplir con esa meta. El caso de Alemania, que ha tardado más de 70 años en indemnizar a las víctimas del Holocausto. Sin embargo, en Colombia, la justicia sigue esquiva. Mientras el gobierno presenta medidas económicas, la realidad es que muchas zonas del país siguen viviendo los estragos del conflicto: desplazamientos, reclutamiento de niños por grupos armados y violencia persistente.
Se debe desmantelar a los grupos armados, garantizar la seguridad de las personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto. Este día, recordemos que la paz y la justicia van más allá de gestos simbólicos o soluciones superficiales. Son compromisos reales que deben traducirse en acciones efectivas para que Colombia deje de ser un país de víctimas y se convierta en un país de derechos.
