El presidente Gustavo Petro presentó una alarmante cifra: 11 millones de hectáreas de selva amazónica han sido quemadas. Recalcó que la destrucción del Amazonas será un punto de no retorno en la preservación de la vida en el planeta.
Esta semana, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia le dijo al mundo: “somos el corazón de la tierra” y, en esa capacidad, estamos llamados a “liderar la preservación de la naturaleza” y a combatir la “codicia que está matando a la madre tierra”. El presidente Gustavo Petro presentó una alarmante cifra: 11 millones de hectáreas de selva amazónica han sido quemadas. Recalcó que la destrucción del Amazonas será un punto de no retorno en la preservación de la vida en el planeta.
¡Estoy totalmente de acuerdo! Por ello, hoy quiero dedicar esta columna a una situación alarmante, denunciada en varios escenarios internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Se trata de la destrucción masiva y sistemática del llamado Arco Minero del Orinoco, una vasta extensión de 113.598 km², equivalente al 12,4% del territorio de Venezuela, que supera en tamaño a países como Bélgica o Costa Rica. Esta área abarca los estados de Bolívar y Amazonas en Venezuela, así como el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994.
Esta región, ubicada cerca del “corazón de la tierra”, se ha convertido en una zona devastada tanto ambiental como institucionalmente. Lo que comenzó como un proyecto de explotación minera ha degenerado en un caos de destrucción natural, corrupción y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los principales recursos, como el oro y el coltán, son extraídos sin ningún control ambiental, utilizando métodos que incluyen el uso indiscriminado de mercurio.
El daño es doble: “se destruye el capital natural y se desmorona la institucionalidad del país”, como me señaló Arnoldo Gabaldón Berti, exministro del Ambiente de Venezuela. Guerrillas colombianas, como el ELN y las FARC, junto con los garimpeiros brasileños, han invadido el territorio. Mientras tanto, las fuerzas armadas venezolanas, lejos de proteger la soberanía, controlan las minas y otorgan concesiones a sectores y personas sin mérito, incluidos políticos extranjeros. El control fiscal es inexistente, y el sistema de recaudación de impuestos ha sido reemplazado por estructuras criminales conocidas como “pranatos”, administradas desde las cárceles.
A esta crisis institucional se suma una trágica situación de derechos humanos. Las comunidades indígenas que habitan en las zonas del Parque Nacional Canaima y la Gran Sabana son esclavizadas en las minas, trabajando en condiciones inhumanas y sin ninguna protección. Cientos han sido asesinados en masacres, y otros han muerto en accidentes en las minas. El caso más reciente ocurrió en febrero de este año, donde murieron cerca de 16 personas. A esto se suma el tráfico de mujeres y niñas, explotadas sexualmente en redes de prostitución que operan libremente en la región.
La impunidad con la que operan estos actores, desde guerrillas hasta criminales internacionales, es alarmante. Los recursos extraídos son enviados en vuelos privados a países extranjeros sin los debidos controles, lo que convierte a esta zona en un epicentro de contrabando. A pesar del supuesto bloqueo económico sobre Venezuela, la maquinaria e insumos necesarios para la explotación minera siguen fluyendo sin obstáculos.
La organización SOS Orinoco ha documentado este desastre, revelando cómo los militares y el crimen organizado se benefician a diario de esta explotación ilegal. La magnitud de la devastación requiere con urgencia atención. Países como Colombia y Brasil, que comparten con Venezuela la región amazónica —una de las áreas más biodiversas del planeta— están llamados a actuar para detener su irreversible destrucción y, como dijo el presidente Petro, con su protección “sostener la vida del planeta”, exigiendo con el mismo racero a todos los Estados.
