Colombia es reconocida por su inmensa biodiversidad, pero también, por ser uno de los países más peligrosos para quienes la defienden. Según Global Witness, en 2022, 193 líderes ambientales fueron asesinados en todo el mundo, de los cuales 79 eran colombianos.
Cali se ha convertido en el epicentro del debate global sobre cambio climático con la COP16. Este evento, una de las plataformas más relevantes para discutir el futuro ambiental del planeta, ha puesto a Colombia en el centro de la atención internacional. Sin embargo, entre las conversaciones sobre sostenibilidad, persiste una realidad dolorosamente invisibilizada: la lucha y el sacrificio de los líderes ambientales en nuestro país.
Colombia es reconocida por su inmensa biodiversidad, pero también, por ser uno de los países más peligrosos para quienes la defienden. Según Global Witness, en 2022, 193 líderes ambientales fueron asesinados en todo el mundo, de los cuales 79 eran colombianos. Este dato debería provocar una reflexión profunda, no solo sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, sino sobre aquellos que arriesgan sus vidas para conservarlo.
Desde 2016, la ONU ha documentado en Colombia 248 homicidios de personas que, a través de su liderazgo, defendían territorios, bosques y ríos. Estas cifras reflejan una triste paradoja: mientras el mundo debate sobre cómo salvar el planeta, en Colombia, quienes ya están comprometidos en esta lucha son silenciados. Juliette de Rivero, representante de la ONU en Colombia, destacó recientemente la gravedad de esta situación: “Es una cifra altísima, y Colombia ocupa el primer lugar en el mundo”.
El caso de Francisco Vera, un joven ambientalista que tuvo que abandonar el país por amenazas relacionadas con su activismo, ejemplifica la gravedad de la situación. Francisco no pudo asistir a la COP, un foro que debería amplificar voces como la suya. ¿cómo pueden estas voces ser escuchadas si el simple acto de levantarlas pone en peligro sus vidas?
En este contexto, el Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia recientemente, el primer tratado en América Latina que aborda la protección de defensores del medio ambiente, reconoce que su labor es esencial no solo para la conservación de los ecosistemas, sino para fortalecer la democracia. El acuerdo debe traducirse en acciones concretas que protejan a estos líderes de las amenazas. Estas medidas deben ir más allá de esquemas de protección y suponen un reconocimiento de su trabajo y el fortalecimiento de sus liderazgos.
Es momento de cambiar la narrativa: defender el medio ambiente no debería ser un acto de valentía, sino un derecho. Estos liderazgos deben ayudarnos a promover una visión que compatibilice el desarrollo económico de las naciones y la conservación del medio ambiente para futuras generaciones. La COP debe ser un espacio para reconocer su labor y cuestionarnos: ¿por qué antes se hablaba tanto de estos líderes y ahora no? No podemos seguir ignorando el valor de sus vidas.
