¿A cuántos niños en Colombia les ha tocado vivir esta realidad? ¿Cuántos, en medio de procesos tensos de separación, sufren las consecuencias, convertidos en piezas en la batalla entre sus padres?
El país ha visto una serie de denuncias que conmocionan y revelan una profunda falla social: el fracaso en proteger a niños y niñas. Los asesinatos de Sofía Delgado de 12 años en el Valle del Cauca, de Alexis Delgado de 2 años en Cundinamarca, o en Bogotá el reciente asesinato a manos de su propio padre de dos niños de 4 y 7 años luego de una discusión con la madre, nos muestran niveles de crueldad inconcebibles que nos enfrentan a la urgencia de discutir cómo castigar estos crímenes, y también a la necesidad de preguntarnos: ¿qué estamos haciendo para prevenirlos?
Proteger a la infancia debería ser un imperativo moral. Sin embargo, niños y niñas siguen siendo víctimas de violencias invisibles y silenciosas. He conocido de cerca dos casos que me han impactado profundamente. En ambos, los hijos fueron usados como instrumentos de venganza entre sus padres en medio de complejos procesos de separación.
En estos escenarios, padres instrumentalizan a sus hijos para manipular, intimidar o doblegar a su pareja o expareja. De formas muy sutiles, se utiliza a los hijos para infligir daño psicológico y emocional en la otra persona, usando el vínculo afectivo como una herramienta de control y manipulación.
En ocasiones, los padres buscan influenciar la percepción de sus hijos sobre el otro progenitor o los emplean como un medio de chantaje emocional. Aunque la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia T-181 de 2023, proscribió el diagnóstico de alienación parental, es crucial que las autoridades administrativas y judiciales cuenten con herramientas que les permitan intervenir con un enfoque de derechos, especialmente en situaciones donde los niños se ven atrapados en las fracturas de sus familias.
¿A cuántos niños en Colombia les ha tocado vivir esta realidad? ¿Cuántos, en medio de procesos tensos de separación, sufren las consecuencias, convertidos en piezas en la batalla entre sus padres? ¿No es acaso esta una forma de violencia contra los niños? Las consecuencias para ellos son profundas y duraderas, afectan su desarrollo emocional y bienestar.
Ambos padres comparten el deber de cuidar y proteger a sus hijos. La indignación que sentimos al escuchar noticias de violencia física o abuso sexual contra menores, deberíamos sentirla también al ver a niños utilizados como armas en conflictos familiares. Esta violencia puede ser igual de destructiva.
Es esencial que las autoridades, aplicando el principio del interés superior del niño, tomen decisiones centradas en el bienestar real de los menores de edad involucrados. Al decidir sobre protección, alimentos, custodia o condena, la prioridad debe ser siempre lo que es más beneficioso para los niños.
