El Catatumbo enfrenta una crisis que no puede esperar más. La comunidad internacional puede clamar clemencia, como ya muchos Embajadores lo han hecho formalmente, pero el problema radica en que, mientras tanto, se permite que grupos armados operen libremente desde campamentos en Venezuela, tal como confirman informes de inteligencia.
Catatumbo significa en la lengua indígena barí “lugar del trueno”, un nombre que refleja la tormenta de violencia y abandono estatal que asola esta región desde hace muchos años. Prometida últimamente como “la capital de la paz”, hoy el Catatumbo carga con el peso de promesas vacías. Entre ellas, la anunciada construcción de una universidad que sería la puerta al desarrollo, un proyecto que a la fecha sigue sin iniciar.
El Catatumbo enfrenta una crisis que no puede esperar más. La comunidad internacional puede clamar clemencia, como ya muchos Embajadores lo han hecho formalmente, pero el problema radica en que, mientras tanto, se permite que grupos armados operen libremente desde campamentos en Venezuela, tal como confirman informes de inteligencia.
Estas estructuras, protegidas en su mayoría al otro lado de la frontera, han fortalecido al ELN, que ahora es un grupo colombo-venezolano con una composición inquietante: por cada combatiente colombiano hay tres venezolanos, según informes de inteligencia. Esto está formando un problema de proporciones mayores para el gobierno actual y los futuros, que genera serias dificultades para su combate y persecución. Este tinte transnacional no solo plantea amenazas a la soberanía colombiana, sino que también abre interrogantes sobre la naturaleza jurídica de un grupo con estas características. La falta de claridad sobre su definición complica aún más los esfuerzos para enfrentarlo y evidencia la necesidad urgente de una estrategia binacional y coordinada para abordar esta amenaza. ¿Falla de inteligencia o complicidad?
Esta es, sin embargo, una tragedia que vuelve cíclicamente porque nunca hemos resuelto las causas profundas: la falta de oportunidades, el dominio de actores armados y la debilidad de la presencia estatal. La Defensoría del Pueblo lleva años emitiendo alertas tempranas para cada uno de los municipios de la región sobre la escalada de violencia en la zona, advirtiendo riesgos de desplazamientos forzados, amenazas, confinamientos y restricciones a la movilidad que afectan directamente a la población civil. ¿Cuándo será hora de empezar a adoptar acciones y asumir la responsabilidad por omisión que recae sobre las autoridades que, pese a estar advertidas, no actúan?
La paz no puede ser dialéctica. La población civil necesita medidas claras y realistas. Acelerar proyectos sociales, como la universidad prometida, puede ofrecer alternativas. Pero esto debe ir acompañado de la acción contundente contra los responsables de esta tragedia humanitaria, tengan la nacionalidad que tengan. El anuncio del levantamiento de la mesa de diálogos, y de unos decretos de conmoción exigen más que una declaración de intenciones, es imperativo encontrar en ellos muchas respuestas.
