Santander, como muchas regiones de Colombia, enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad. La inseguridad ha dejado de ser una percepción para convertirse en una realidad que limita la cotidianidad de los ciudadanos, restringe la movilidad, desalienta la inversión y golpea especialmente a los sectores más vulnerables. La sensación de temor se ha instalado en nuestras calles, barrios y veredas. En este panorama, el fortalecimiento de la infraestructura institucional y operativa en seguridad no es un lujo, sino una necesidad urgente.
Frente a este reto, la creación de una tasa especial sobre el servicio de electricidad ha generado controversia. No obstante, esta medida –incluida en la Ordenanza No. 015 de 2025 aprobada por la Honorable Asamblea Departamental– representa una propuesta concreta para dotar al Departamento de recursos propios y estables. Es natural que toda carga económica adicional suscite preguntas, pero no podemos perder de vista el objetivo superior: garantizar condiciones mínimas de tranquilidad y convivencia para los santandereanos. La seguridad no es un gasto, es una inversión en libertad, dignidad y futuro.
Hoy, esta ordenanza se encuentra en el limbo jurídico. A pesar de su aprobación legal, la demanda de nulidad interpuesta y la falta de decisión de fondo del Tribunal Administrativo de Santander mantienen suspendida su aplicación. Mientras tanto, los índices de criminalidad no esperan, y las necesidades en materia de vigilancia, tecnología, prevención del delito y apoyo a la Fuerza Pública siguen creciendo. ¿Qué intereses se ocultan tras la parálisis de una herramienta que busca protegernos a todos?
La historia de Santander es también la historia de su gente, que siempre ha sabido salir adelante frente a la adversidad. Desde la independencia hasta la modernización agrícola, desde la industria del calzado hasta la expansión de sus universidades, este territorio ha demostrado que la unión hace la fuerza. Apoyar esta tasa es, en últimas, un acto de corresponsabilidad ciudadana. Significa reconocer que la seguridad no depende únicamente del gobierno departamental, sino también de la voluntad colectiva de construir territorios más seguros y justos.
En tiempos donde el miedo amenaza con convertirse en costumbre, no podemos permitirnos la indiferencia. Apoyemos esta medida con conciencia crítica, pero también con sentido de urgencia y compromiso social. Que no nos gane la apatía ni el oportunismo, porque cuando la seguridad se debilita, tambalean la educación, la salud, la economía y la vida misma. Santander merece vivir sin miedo, y eso empieza por decidir, sin evasivas, cómo vamos a financiar el cuidado de todos. Este es un llamado a los ciudadanos, empresarios, líderes sociales y políticos, académicos y autoridades: no más dilaciones. La seguridad no puede seguir siendo rehén de intereses particulares. Unidos, protegernos es tarea de todos, por esto sin restricciones ni excusas, Apoyemos la seguridad en Santander.
