Durante los debates sobre la defensa de Uribe, la izquierda gritaba con fuerza “nadie está por encima de la ley” para expresar que él pretendía estar por encima de la Ley Penal. Esa frase, que representa el principio de legalidad y constituye un elemento fundamental del Estado de derecho, debe ser aplicada con rigurosidad en el proceso penal que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá adelantar contra el presidente de Colombia.
La razón: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió compulsar copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, como su juez competente, para que investigue penalmente al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña de 2022, al comprobar que en ella realizó 72 vuelos con la Empresa Sociedad Aérea de Ibagué, cuyos costos no fueron registrados como parte de sus gastos de campaña. Y para ocultar ese estado contable, el ministro de salud actual y el presidente de Ecopetrol entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) facturas modificadas, con las que atribuían el servicio a los 20 candidatos al Congreso del Pacto Histórico (60 millones a cada uno) que, por no ser cierto, les archivaron la investigación penal que les adelantaba la Corte.
Y en la misma decisión se constató que ese servicio de transporte aéreo había sido prestado a Gustavo Petro, por un valor de 1.215 millones que constituye un sobrecosto y una transgresión a los topes de campaña estipulados por la ley. Violación que está ventilándose en la investigación administrativa que adelanta el Consejo Nacional Electoral contra el gerente y los auditores de la misma campaña, a la que no podían incluir al presidente por el fuero especial que ostenta.
Significa que, ante la contundencia de las pruebas recaudadas y enviadas por la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Instrucción de la Cámara de Representantes no podrá seguir eludiendo la decisión de si archiva o abre una acción penal contra el presidente, máxime si superó con creces los seis meses que tenía para hacerlo.
Desde luego, la decisión será dificil. Si nos atenemos a los antecedentes de la citada comisión, en donde el presidente tiene mayoría, puede ocurrir: que archiven el expediente, pero debido a la solidez de las pruebas, podrían incurrir en prevaricato. O, que lo absuelvan, como sucedió con Samper, con el argumento que lo hecho por el ministro de salud, el presidente de Ecopetrol y los auditores de la campaña fue a su espalda. Decisión que sería avalada por la plenaria de la Cámara, hoy arrodillada al presidente.
Como la ley es para todos, en el juicio debe brillar la verdad y no prevalecer la corrupción.
