¡La gente de Barichara se cansó!, la crisis del agua está alcanzando niveles críticos y hoy la región podría estar al frente de una crisis sanitaria, ante la posible presencia E. Coli en el agua que consumen miles de personas. Esta situación afectaría gravemente la salud de los habitantes de Barichara, Villanueva, Cabrera y sus alrededores.
Es por esto, que ante los “oídos sordos” de las autoridades competentes frente a los constantes llamados de la comunidad y de una veeduría especializada, se interpuso una acción popular sólida y técnicamente estructurada que busca proteger los derechos fundamentales y los intereses colectivos de agua potable, salubridad pública, ambiente sano, vida digna y salud.
No se trata de una acción con “ganas de protestar”, como de manera equivocada han afirmado algunos, se trata de un caso de daño colectivo actual, continuo y verificable con datos técnicos, y evidencia epidemiológica.
Las cifras son aterradoras: Exámenes de laboratorio realizados en el 2025 concluyen que el agua que distribuida presenta hasta 6.000 UFC de E. Coli por cada 100 ml, cuando la norma en Colombia exige cero. No es un error de cálculo ni inventos de opositores, es una violación absoluta de los estándares sanitarios. Además, un IRCA superior a 94%, clasificado como “inviable sanitariamente”. En términos simples y claros: esa agua no debería consumirse.
La Superintendencia de Servicios Públicos canceló el registro de Aguascoop en el RUPS debido a que esta no tiene planta de tratamiento, no hay cloro residual, no hay potabilización. Prácticamente no se presta el servicio público de acueducto. Se trata de un suministro de agua cruda, sin embargo, el agua se suministra se sigue cobrando y se siguen vendiendo nuevos puntos de agua.
¿Cómo es posible que una entidad que no presta el servicio de agua potable ejecute recursos públicos, facture mensualmente y permita su expansión permanente? La respuesta es clara: esto es una evidente falla estructural del estado.
Esta crisis de agua ya se convirtió en una crisis normalizada desde hace casi 38 años, miles de personas han consumido agua cruda, sin tratamiento ni desinfección, con pruebas demostrables que evidencian la presencia de Escherichia coli. El problema esta sobrediaganosticado: no es falta de información, es la falta de decisiones de los alcaldes de turno y demás autoridades competentes.
La acción popular no es capricho ni exageración, es el debido ejercicio del control ciudadano frente al abandono institucional de un tema vital como el agua. Las solicitudes son razonables y urgentes: inversiones, planes de acción reales, medidas inmediatas como la utilización de filtros, mientras se consolida por fin una solución estructural y definitiva. En manos del Tribunal Administrativo de Santander está este importante caso.
