Hay un debate sin interlocución con el gobierno nacional, quizá le incomoda: la vivienda social no existe sin estabilidad económica y jurídica. No es postura política, es una condición técnica. Sin reglas claras, previsibilidad ni horizonte de largo plazo, no hay inversión posible, en consecuencia, no hay vivienda para quienes más la necesitan.
Colombia enfrenta un déficit habitacional estructural de Vivienda de Interés Social (VIS). Nadie lo discute. Pero el camino para corregirlo no es la improvisación normativa ni la intervención reactiva sobre precios y costos. La VIS se construye con planeación, apalancamiento financiero y cronogramas de largo plazo. Alterar cualquiera de esas variables de forma abrupta no protege al comprador, destruye la oferta.
Este gobierno representa la antítesis de la lógica económica aplicada a VIS. En dos semanas modificó la base de los ingresos y los costos con el aumento del SMMLV y, casi de inmediato, intentó contener los efectos regulando el precio final: reducción del tope VIS y desindexación de los contratos. Primero, rompe la ecuación; después pretende corregir el daño regulando equivocadamente cada consecuencia.
Los presupuestos quedaron obsoletos. Los precios máximos cambiaron por decreto, los costos subieron de forma asimétrica y los cierres financieros, tanto de los proyectos como de los hogares, se volvieron inciertos. En VIS, donde los márgenes son estrechos y el crédito es determinante, esa incertidumbre es letal. Planear e iniciar obras bajo esas condiciones es, en el mejor de los casos, fortuito.
¿Qué teoría económica respalda intervenir el precio de la VIS sin estabilidad en costos, financiamiento ni marco contractual? Ninguna escuela seria lo hace. La evidencia es contundente: cuando se limita artificialmente el ingreso del proyecto sin absorber el riesgo ni el costo, el capital no se ajusta; se retira.
La única “lógica” que parece operar es la populista aplicada a la vivienda: prometer precios “justos”, contener el valor de venta y trasladar el riesgo al constructor. Es la misma que operó en Venezuela, resultando en la Gran Misión Vivienda, desplazando y anulando en la práctica al sector privado.
La estabilidad no es un privilegio de los constructores ni una bandera ideológica. Es la condición técnica para que exista VIS sostenible. Proteger la demanda no es destruyendo la oferta; es garantizando que el sistema funcione.
Aun así, el sector constructor ha demostrado capacidad y voluntad para adaptarse. Pese a estas medidas, está dispuesto a implementar estrategias arriesgadas para proteger la demanda y viabilizar los cierres financieros. Esa resiliencia existe, pero no puede convertirse en la excusa permanente para gobernar contra la racionalidad económica y financiera.
En consecuencia, votar asertivamente por candidatos de reconocida solvencia moral, experiencia profesional y conocimiento del Estado debería ser un propósito superior de responsabilidad socioeconómica con la Patria.
