La emergencia invernal en Córdoba ha generado toda clase de polémicas y reacciones. Desde la valla casi cubierta por las inundaciones de un representante del Partido conservador involucrado en el escándalo de la UNGRD, hasta el rechazo de la ayuda humanitaria por parte del director de esta institución por razones de soberanía nacional.
En todo este proceso de atención a las víctimas el gobierno ha brillado por su incompetencia manifestando que no hay recursos por lo que se hace necesario decretar una emergencia económica para recaudar cerca de 8 billones de pesos calculados en cuentas de servilleta. ANIF ha estimado que el potencial recaudo, por cuenta del impuesto al patrimonio, sería de $14 billones.
En el contexto de la emergencia, también se planteó establecer inversiones forzosas al sistema financiero para reactivar los sectores afectados por las lluvias. Idea que se acompañó de una acusación a los bancos de que incumplieron los compromisos del pacto por el crédito. Sin embargo, el pacto va en 84% de ejecución según cifras de la Superfinanciera.
Asobancaria, exministros de hacienda y centros de pensamiento se han opuesto a las inversiones forzosas por considerarlas inconvenientes, pues aseguran que elevaría las tasas de interés, distribuiría de manera ineficiente los recursos de crédito afectando a quienes más lo necesitan y podría afectar la estabilidad del sistema financiero.
Las inversiones forzosas en Colombia existen para el sector agropecuario desde 1973 cuando se crearon los Títulos de Desarrollo Agropecuario -TDAs con el fin de financiar al Fondo Financiero Agropecuario. Después en los 90s con la creación de Finagro, los TDAs pasaron a financiar las operaciones de crédito de redescuento de dicha entidad.
La inversión forzosa en TDAs puede ser sustituida por los bancos mediante la colocación de crédito agropecuario en condiciones Finagro. En el pasado reciente los bancos han incrementado la sustitución de dichas inversiones lo que ha generado una concentración de los desembolsos del crédito agropecuario en la cartera sustitutiva (cerca del 84% de los $48 billones desembolsados en 2025).
Ello, además, ha concentrado el 76% de los desembolsos en los grandes productores, reduciendo la participación de los pequeños al 13% (la más baja en 10 años). Las operaciones de crédito financiadas con los TDAs (crédito de redescuento) se han venido reduciendo, así como el número de productores atendidos, cerca de 80 mil menos que en pandemia. Hoy a pesar de la sustitución de inversiones, Finagro todavía tiene un saldo de $17 billones en TDAs. Cabe preguntarse por qué no han colocado ese monto.
Todo ello amerita revisar integralmente el mecanismo actual de inversiones forzosas para el agro antes que pensar en implementar uno nuevo para toda la economía.
