Los colombianos hemos sido testigos durante estos casi 4 años de gobierno como el presidente de la República y varios de sus ministros, encabezados por el ministro del interior, se han ido lanza en ristre contra diferentes instituciones que conforman el sistema de pesos y contrapesos que debe tener una democracia.
Y no ha pasado una vez, sino en múltiples ocasiones en las que el gobierno tras sufrir una derrota en el Congreso, en las cortes, en el Consejo de Estado y ahora más recientemente, en la Junta del Banco de la República, intenta por la puerta de atrás saltarse la institucionalidad.
Pasó cuando la Corte Constitucional tumbó varios artículos de su primera reforma tributaria, la de Ocampo, y el gobierno decidió, posteriormente, con las declaratorias de emergencia económica y conmoción interior por cuenta de la difícil situación de orden público en la región del Catatumbo y por el clima en Córdoba, meter algunos artículos para recuperar el recaudo perdido.
El desafío a la institucionalidad también ha afectado al Congreso, el cual no ha aprobado buena parte de sus reformas porque en los debates el gobierno no ha logrado las mayorías. Ello pasó con la reforma a la salud cuando no lograron justificar su conveniencia. A pesar de ello, vía decreto han ido metiendo poco a poco la reforma de manera irregular, violentando las competencias del legislativo.
Pasó lo mismo cuando en varias ocasiones el Consejo de Estado tumbó los nombramientos de algunos miembros de su gabinete, ya sea porque no se cumplían las cuotas de género, o porque el funcionario no tenía la suficiente preparación. El caso más reciente fue el de la Superintendente de Industria y Comercio, cuyo nombramiento se cayó ante dicho Consejo y una semana después el presidente estaba firmando un nuevo decreto con su nombramiento.
Por ello, lo ocurrido en la más reciente sesión de la Junta Directiva del Banco de la República, no debe sorprendernos. El ministro anunció que rompía relaciones con la junta, de la cual es su presidente, y que no volvería a las reuniones, afectando no solo la independencia del Banco, sino la posibilidad de que pueda seguir sesionando la junta en este gobierno, pues la presencia del minhacienda es obligatoria.
El gobierno ha demostrado ser un mal perdedor y el sistema de pesos y contrapesos lo ve como un enemigo, no le gusta y lo tacha de uribista o de duquista. Sigue responsabilizando de sus fracasos a los gobiernos que lo precedieron. Lo que estamos viendo es un ataque a la institucionalidad del país sin precedentes en la historia. Un ataque que se utiliza con fines electorales para seguir aupando a su candidato de izquierda.
