El reciente caso de un estudiante de 14 años de un colegio de Floridablanca, expulsado después de ser señalado de portar o vender un vapeador dentro de la institución, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que como sociedad no podemos seguir aplazando: ¿cómo educamos cuando la realidad de nuestros adolescentes avanza mucho más rápido que las normas con las que debemos educarlos?
No estamos hablando de un problema menor. El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar 2022 encontró que el 11,2 % de los estudiantes colombianos entre 12 y 18 años reportó haber consumido cigarrillos electrónicos, equivalente a cerca de 392.000 escolares.
La respuesta institucional, entonces, no puede ser mirar hacia otro lado. Colombia incluso expidió la Ley 2354 de 2024, que extendió la regulación del tabaco a los vapeadores y estableció medidas de protección especial para niños, niñas y adolescentes.
Pero aquí aparece una tensión que quienes trabajamos en educación conocemos muy bien.
Los derechos de los niños y adolescentes son prevalentes y jamás deben vulnerarse. Un estudiante tiene derecho a la dignidad, a la educación, a ser escuchado, a defenderse y a que cualquier actuación disciplinaria respete el debido proceso.
Pero proteger derechos no puede significar despojar a la escuela de su autoridad para poner límites.
Un colegio debe poder decir con claridad que dentro de sus instalaciones no se puede consumir, portar ni comercializar un producto que la legislación busca mantener alejado de los menores. Debe poder proteger a toda una comunidad educativa. Y debe poder hacerlo mediante procedimientos justos, proporcionales y previamente establecidos.
El problema es que hoy educamos frente a fenómenos que llegaron antes que las respuestas institucionales. Vapeadores con sabores, redes sociales, nuevas formas de consumo y mecanismos de comercialización entre adolescentes hacen que muchas veces la escuela tenga que resolver en tiempo real problemas para los cuales la sociedad todavía está construyendo respuestas.
Necesitamos proteger los derechos de nuestros niños, sí. Pero también necesitamos proteger su derecho a ser educados en ambientes seguros.
Educar no es solamente comprender, también es poner límites.
Y cuando esos límites se establecen con justicia, proporcionalidad, debido proceso y sentido pedagógico, poner límites también es cuidar.
