Es algo por todos conocido que es necesaria, a mediano plazo, una transición energética que implique una redefinición global de cómo soportamos energéticamente el crecimiento económico y social. Por ejemplo, la IA implica un incremento del consumo de energía que, desde ahora, el mundo entero debe plantear de dónde la extraerá.
Resulta que el modelo actual, basado en energía con altísimo impacto en el medio ambiente, como la derivada de productos fósiles y del extractivismo crítico, es inviable y, de seguir, impondrá mayores costos que beneficios a medio y largo plazo. Piénsese, por ejemplo, en los costos que implica desintoxicar los sistemas ambientales de los residuos y los efectos de dichas energías.
Urge, entonces, una transición energética, la que ha empezado a conocerse como “transición verde”, porque se vende como amigable con el medio ambiente, pero esta denominación ha hecho creer, erróneamente, que no contamina. Pues claro que lo hace, pero es más sustentable ambientalmente (no a corto, sino a mediano plazo) que la producida por el modelo tradicional.
Ahora bien, esta transición verde, impulsada por la Unión Europea y Estados Unidos, intensifica la demanda de minerales de transición (tales como cobre, litio, níquel y tierras raras), que tienen un costo ambiental importante, pero sin los cuales no es posible llegar al objetivo inicialmente planeado: redes de energía más limpia.
En este escenario, que es mucho más complejo de lo que aquí puedo mencionar, Colombia tiene un rol que jugar. En primer lugar, esta transición no puede hacerse de golpe, pues nuestra economía y los ingresos estatales tienen una alta dependencia del carbón y del petróleo. Creo que no entender esto fue un error del gobierno de Petro: precipitar la salida de los hidrocarburos sin sustituto fiscal, que se evidenció, por ejemplo, en el manejo que se dio a Ecopetrol, entidad que pasó de ser una de las empresas del Estado más rentables (para beneficio de las finanzas públicas) a una compañía en crisis que afectó el equilibrio fiscal (sumados los escándalos de sus directivos en el último gobierno). ¿Cómo hacer la transición sin afectar tanto la economía y las finanzas públicas? Solo hay algo seguro: tiene que hacerse de forma lenta, pero segura, con una política de Estado que no esté a merced del criterio de los gobiernos de turno en un lapso de 10 a 15 años.
En segundo lugar, el discurso del gobierno debe adaptarse y ser coherente. Esto me preocupa del actual gobierno. No podemos caer en la actitud negacionista de los impactos ambientales de los sistemas tradicionales de producción energética, como sucede en el alto gobierno de Estados Unidos. Esta actitud no solo contradice la evidencia científica, sino que hace ver ridículo al gobierno que la asume, pues queda como prehistórico y, peor aún, como un subalterno de los intereses de las petroleras.
Sin embargo, decirlo no es lo mismo que hacerlo. Me explico. El alto gobierno de dicho país difama la transición energética, pero está plenamente comprometido con ella (en especial con la extracción de los minerales de transición), pues sabe que es necesaria para mantener su hegemonía, a mediano plazo, ante China, que está seriamente comprometida con la misma. Me preocupa que el actual gobierno colombiano no solo asuma un discurso negacionista, sino que, además, no avance en la transición energética, la que, por demás, exige con urgencia reglas claras y seguridad jurídica para la extracción de los minerales estratégicos indispensables para esa misma transición.
En conclusión, el gobierno de Petro falló por exceso, pero espero que el gobierno de Abelardo no falle por defecto. No podemos fracasar en este campo.
