Columna de opinión de Carlos de Hart
Desde hace algunos meses, el presidente Gustavo Petro viene planteando la supuesta necesidad de modificar la Constitución Política (CP) de 1991 (cuando en campaña juró no hacerlo), con el argumento de que ello es necesario para cumplir con el acuerdo de paz de 2016, incluir la crisis climática, el perdón social y la “paz total” y garantizar el derecho a la salud, la educación y las pensiones, entre otros temas.
Preocupa aún más que, ante el rechazo mayoritario a esa posición, la respuesta del presidente haya sido insistir en la idea intangible de que el ejercicio del “poder constituyente” está en manos del pueblo, convocándose a sí mismo, y no de “unos cuantos expertos”, ni siquiera del Congreso (por donde tendría que pasar esa propuesta, según las reglas actuales de nuestra CP).
Pero más allá de la ruta que al final tome Petro para intentar modificar la CP, lo cierto es que son incontables las posturas críticas de personas altamente calificadas, al igual que de la opinión pública en general, acerca de la inconveniencia e innecesario de reformarla.
La principal razón es porque ninguno de los argumentos expuestos por Petro para transformar la CP requieren en realidad de cambios en la misma. Lo que se necesita para lograr esos objetivos planteados por el presidente (y resumidos en el primer párrafo) es voluntad política (puede incluso tomar decisiones ejecutivas a través de decretos), buena fe (sin agendas ocultas ni usando anuncios políticos como ‘cortinas de humo’), liderazgo (del positivo y de aquel que une y no divide), hacer cumplir las leyes existentes y tramitar ante el Congreso las complementarias que hagan falta.
Se suman a ésta, otras poderosas razones:
• Se pone en peligro todas las conquistas políticas de la CP de 1991 en materia de derechos civiles, políticos y sociales.
• La convocatoria a una constituyente genera una aún mayor inestabilidad política e institucional, que afectaría todavía más la gobernabilidad.
• Se abre la posibilidad de cambios en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, que pondrían en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho.
• Se generaría una mayor incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, que se traduciría en más desinversión, desempleo y decrecimiento.
• Sacar adelante una constituyente implica enormes costos para el Estado, dentro de un contexto de gigantescas dificultades económicas.
Por último, nada de esto soluciona los problemas de fondo del país, pero en cambio sí nos distrae de reclamar la responsabilidad del Gobierno en otros temas importantes, como las investigaciones de los escándalos de corrupción, la revisión de la validez de las elecciones presidenciales, los desastrosos indicadores de la economía y el monumental deterioro en materia de orden público.
