Hay que revisar las condiciones en que funcionan tanto el Centro de Recepción del Menor como la Fundación Hogares Claret.
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
El mundo contemporáneo ha traído, entre otros muchos y muy delicados problemas, uno para el que la sociedad ha demostrado no estar preparada y no tener una solución rápida: el qué hacer con los menores cuyo comportamiento muta en problema social. Así, mientras el conflicto crece en proporciones geométricas, la respuesta social avanza a la velocidad a de una tortuga.
El asunto es mucho más dramático en una sociedad como la nuestra, erizada de problemas fruto de las numerosas inequidades que tenemos, la parsimonia con que el Estado toma conciencia de ellos y actúa para enfrentarlos airosamente. Uno de ellos es el qué hacer con el menor de edad que infringe la Ley.
Es verdad de a puño que en el último medio siglo el esfuerzo hecho por el Estado para enfrentar tan sustancial asunto no tiene antecedentes en nuestra historia. Desde el juicioso estudio y debate que se dio en los años 60 del siglo XX al proyecto de la que luego, ya expedida, se conoció como “Ley Cecilia” (en homenaje a doña Cecilia de la Fuente de Lleras) que creó el ICBF, le dotó de holgado presupuesto y adoptó lúcidas medidas, a hoy, Colombia ha demostrado madurez para encarar tan intrincado meollo, mas todo ha sido insuficiente frente a la gravedad del hecho social.
Prueba de ello es que los centros de resocialización de los menores infractores de la Ley actualmente son insuficientes para dar albergue a la población que debe ser recluida allí.
El hacinamiento que hay en tales centros, la difícil edad por la que atraviesan quienes en ellos son recluidos, el drama social que es el haber convertido a menores en arma y herramienta de siniestros delincuentes, los peligros de todo orden que viven los menores concentrados en tales lugares, exige del Estado y la sociedad un esfuerzo aún mayor al actualmente llevado a cabo.
Hay que revisar las condiciones en que funcionan tanto el Centro de Recepción del Menor como la Fundación Hogares Claret, establecer por qué son insuficientes, buscar dineros para crear un tercer establecimiento y evitar los gravísimos problemas que brotan de las condiciones en que conviven los menores allí y en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (Cespa).
Si a tal asunto no se le pone la atención debida y no se le dan las soluciones que las circunstancias exigen, las consecuencias serán inenarrables pues una de las razones cardinales de lo violenta que resultó ser la generación nacida en los años 40 del siglo pasado, es el abandono en que se formaron muchos de sus hijos.
