Si en Colombia se sancionara a los servidores públicos ineptos, gran parte de las entidades oficiales quedarían vacías. Y particularmente las de los organismos investigadores
Publicado por: REDACCIÓN EDITORIAL
Si en Colombia se sancionara a los servidores públicos ineptos, gran parte de las oficinas de las entidades oficiales quedarían vacías. Y particularmente las de los organismos investigadores que tienen que ver con la vigilancia de los dineros del Estado.
La afirmación anterior, que podría en principio parecer exagerada, está fundamentada en hechos como el conocido en el trascurso de esta semana, en la que el Auditor General de la Nación, Jaime Ardila Barrera, anunció los resultados de su estudio sobre la gestión de las contralorías del país el año pasado.
Es que el saldo difícilmente podría ser peor. Las calificaciones son pésimas, con un promedio de seis puntos en una escala de veinte. Es decir, que casi todas las entidades encargadas de vigilar y controlar las contrataciones de municipios y departamentos se rajaron en su misión y las consecuencias de esa falta absoluta de gestión están a la vista.
En otras palabras, frente a los ojos de los contralores departamentales y municipales se han cometido las más desvergonzadas irregularidades con los dineros públicos, que no solo se pierden en los laberintos de la corrupción, sino que jamás se recuperan, como lo exige la ley, si alguna vez se iniciaran las acciones obligadas de repetición contra los pocos funcionarios que son encontrados culpables de todo tipo de defraudaciones al erario.
Pero esa epidemia de incompetencia, no solo afecta a las dependencias investigadoras. De hecho, para cualquier ciudadano es suficiente con salir a la calle, para darse cuenta que la ineficacia y la ineptidud abundan en casi todos los aspectos de la vida diaria.
Calles en las que se ha vuelto imposible circular en carro o a pie por la cantidad de vehículos estacionados ilegalmente en carriles enteros y andenes completos, frente a las caras complacientes de los agentes de tránsito; miles de ciudadanos que a diario son objeto de atracos y robos a mano armada, que ya ni siquiera denuncian por estar convencidos de la inutilidad de hacerlo ante la ineficacia de las autoridades.
En fin, lamentablemente los ejemplos de esa ineficacia pululan por todas partes y mientras no haya una gran cruzada nacional para sancionar a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones, el aparato estatal más que una ayuda para la sociedad, que es su razón de ser, continuará viéndose como una gran carga.
Y a manera de corolario sobre el tema de los contralores, no sobra dejar por sentado que quienes acaban de asumir sus cargos, tienen un gran reto por delante que empieza por actuar de manera totalmente opuesta a la permisividad que caracterizó a sus predecesores. Y en ese sentido, Magda Milena Amado, contralora de Bucaramanga, ya ha dado los primeros pasos en la dirección correcta.
