Los gobernantes de Santander deben recordar que la justicia es la base de una sociedad equitativa y próspera, y que su majestad no debe ser mancillada. Hacemos un llamado a las autoridades para que respeten y acaten las decisiones de los jueces.
Publicado por: Editorial
En el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana, se ha vuelto común que las autoridades incumplan parcial o totalmente los fallos judiciales, afectando gravemente la confianza ciudadana en el sistema de justicia y en las instituciones públicas. Hace pocos días, Vanguardia presentó diez casos emblemáticos donde, a pesar de que los fallos ampararon los derechos de la comunidad, las autoridades locales han ignorado sus obligaciones legales, dejando a los ciudadanos en un estado de desprotección e impotencia.
Ahora bien, por esta vía de la desidia se van extinguiendo derechos claves como el de la tutela, pues el impacto de estas acciones es nulo si las autoridades no cumplen con los fallos, como es lo que ocurre con el caso del relleno sanitario El Carrasco, dado que a pesar de que un juez hace años ordenó su cierre y desmantelamiento, este sigue en funcionamiento, como si nada. Este incumplimiento no solo es una falta de respeto a la justicia, sino también una amenaza a la salud y al bienestar de los residentes del barrio El Porvenir y el área metropolitana de Bucaramanga.
Otro fallo incumplido, que afecta la calidad de vida de todos los bumangueses, es el relacionado con el control del transporte informal. Y a pesar de las sanciones impuestas a los alcaldes por no implementar medidas eficaces, la piratería sigue creciendo, pues esta burla a la justicia estimula la ilegalidad e inseguridad en el transporte urbano.
El caso de Villa Helena es tanto o más desolador, pues después de una década de espera, 160 familias siguen viviendo en condiciones deplorables y peligrosas, ignoradas por las autoridades que deberían haber facilitado su reubicación.
El nuevo alcalde de Bucaramanga y sus funcionarios deben entender que los derechos de los ciudadanos deben respetarse y que las autoridades deben actuar rápida y eficazmente para cumplir con las órdenes judiciales, pero para esto es imprescindible que gobernantes y directores de entidades estatales comprendan la gravedad de su inacción y la urgencia de cumplir con lo que ordenan los jueces.
Y no solo son casos particulares: la educación, un derecho fundamental, también se ha burlado. A pesar de los fallos que han buscado mejorar las condiciones educativas, los avances son escasos y la calidad de la educación sigue siendo deficiente. Esta negligencia afecta el futuro de miles de niños y jóvenes y, por ende, el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Es hora de que las autoridades de Bucaramanga asuman también esta responsabilidad con seriedad y compromiso, en el entendido, además, de que esa es la esencia de la función que cumplen con el Estado.
Los gobernantes deben recordar que la justicia es la base de una sociedad equitativa y próspera, y que su majestad no debe ser mancillada. Hacemos un llamado a las autoridades locales para que respeten y acaten las decisiones de los jueces, como corresponde principalmente a quienes representan al Gobierno, sin promesas vacías, ni retrasos injustificados, pues al final de cuentas lo que se está atropellando son los derechos de los ciudadanos.
