Publicado por: Editorial
Según las graves denuncias publicadas por Vanguardia recientemente, la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga, que se concibió como un santuario para los más vulnerables, se ha transformado en una cámara de tormentos donde la crueldad se expande con frialdad pasmosa y muestra no solo una administración muy oscura en la entidad, sino también el posible incumplimiento a la Ley 1774 de 2016 y a la confianza depositada por una ciudadanía que exige coherencia entre el discurso público y la acción de sus instituciones.
La esencia del escándalo reside tanto en la muerte de animales, como en la forma clandestina, cruel y clínicamente injustificada en que muchas de estas se habrían ejecutado. Las revelaciones sobre los chats de WhatsApp, bautizados con un cinismo y una frivolidad escalofriantes como ‘Temas Picantes’, exhiben un nivel de desprecio por la vida que sobrepasa todo límite. En ellos, la orden de “démosles de baja” y la posterior aprobación con un “haz tu magia”, constituyen la antítesis del bienestar animal y un ataque descomunal a la sensibilidad humana.
Estas conversaciones exhiben un procedimiento macabro que eludió los protocolos, se ocultó de personal incómodo y falsificó documentación para encubrir su ilegalidad. Que se decidiera la eutanasia de animales que ingresaron en buen estado de salud y que contrajeron enfermedades como el moquillo bajo la custodia de la Unidad, es la confesión institucional de un fracaso catastrófico. Pero, no fueron solo las muertes, el espectro del maltrato se extiende a actos de una vulgaridad punible, como el de un contratista que suministró bebidas alcohólicas a un perro.
Por otra parte, la negativa inicial a entregar las historias clínicas, que solo fue revertida mediante acciones legales como la tutela, completa el cuadro de una entidad que opera en las sombras más densas, lo que obliga a una respuesta contundente del Estado, pues, además de lo administrativo, este caso amerita una investigación penal exhaustiva que determine responsabilidades criminales. Las normas colombianas, incluyendo la recientemente sancionada Ley Ángel, establecen penas de prisión para estos delitos y este es un caso paradigmático para su aplicación.
Igualmente, la UBA requiere de inmediato una reestructuración de fondo que comprende una transformación cultural profunda, que incluya instalación de sistemas de vigilancia permanentes, contratación de personal idóneo en lo técnico y en lo ético, y supervisión constante por parte de veedurías ciudadanas y concejales. Los cuatro mil millones de pesos anuales que recibe la entidad, deben estar sometidos a un escrutinio férreo que garantice que cada peso se invierte en aliviar el sufrimiento, no en perpetuarlo.
En el caso de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga no debe haber la menor duda sobre la necesidad de adelantar las investigaciones pertinentes y que, de comprobarse judicial y administrativamente la participación de estas personas en estos hechos macabros, se aplique sobre ellos el máximo rigor de la ley, pues la sociedad debe ver cómo el sistema judicial actúa con fortaleza frente a quienes, desde posiciones de poder, convierten la protección en tortura y la vida en una burla.
