Desde mediados del siglo pasado, Vanguardia ha publicado denuncias y alertas relacionadas con el Río de Oro: por el grado desmedido de contaminación, por las invasiones que en los años 70 y 80 se asentaban en el lecho mismo del afluente, por la extracción masiva de arena y piedra que se hacía entonces, por la construcción de barrios (que aún se presenta) en la ronda hídrica y por el caudal del río que, en épocas de lluvia intensa se convierte en una amenaza de tal tamaño, que en 2005 causó la mayor tragedia en la historia de Girón.
Pero, a pesar de que los problemas del Río de Oro tienen esa antigüedad y riesgo presente, lo que se ha hecho por corregir todo esto es poco o casi nada. Lo último que hemos registrado en este diario, se publicó ayer y tiene que ver con el grado de incumplimiento y los indicios de corrupción que existen en la contratación de la consultoría, por parte de Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, Empas, relacionada con la consultoría para estudios y diseños de la Ptar del Río de Oro que tiene serios cuestionamientos por procedimientos no transparentes que pretenderían ocultar los intereses políticos que estarían rondando este contrato que supera los 10 mil millones de pesos.
Hoy, este proyecto, vital para el área metropolitana de Bucaramanga, en tanto eliminaría en importante proporción la contaminación del Río de Oro, se acerca a su tiempo límite de entrega y sólo muestra un avance del 21% en su ejecución. A la consultoría contratada se le señalan varios movimientos poco claros en la etapa precontractual, que terminaron en la presencia de un solo oferente, la cual ha sido en Colombia, en los últimos años, la estrategia preferida por los corruptos para entrar a saco por los dineros y bienes del Estado.
Pero, en lugar de que estuviéramos acercándonos a cumplir el viejo anhelo de solucionar el inmenso problema de la contaminación del Río de Oro, que recibe aguas residuales de Bucaramanga y Girón, estamos frente a un proceso contractual que ya acumula varios meses de incumplimiento por parte de quienes fueron favorecidos con este cuestionado contrato. Parece que no solamente ya no llegamos a los mínimos morales en esta clase de operaciones con los recursos públicos, sino que tampoco los alcanzamos en lo que se relaciona con la sensibilidad de entender que, además de cumplir la ley, se trata de proteger la salud y la vida de las personas.
