Durante el encargo del mandatario Javier Sarmiento se declararon 16 insubsistencias en aparente Ley de Garantías.
Después de más de dos meses de los despidos masivos en la Alcaldía de Bucaramanga, mientras Javier Sarmiento estuvo como alcalde encargado por el gobernador de Santander, la Procuraduría Provincial de Instrucción le ‘puso la lupa’ a estas insubsistencias que se habrían dado en plena Ley de Garantías por elecciones atípicas.
El pasado 27 de enero, el Ministerio Público requirió a la administración municipal varios documentos que tendrá en cuenta para determinar si esas insubsistencias se dieron de forma inadecuada por parte del entonces secretario del Interior, Reynaldo Rojas Suárez, quien fue delegado por Sarmiento como alcalde encargado en medio de un viaje suyo a Bogotá.
Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga pidió a la Alcaldía el decreto que nombraba a Rojas Suárez como alcalde encargado y, además, los actos administrativos por los cuales se declararon las insubsistencias.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga requirió documentos a la Alcaldía para determinar si las insubsistencias decretadas durante la Ley de Garantías se ajustaron a la normativa vigente.
Esta solicitud del Ministerio Público se da luego de que los funcionarios declarados insubsistentes (algunos regresaron a la Alcaldía con Cristian Portilla) emprendieran decisiones judiciales y disciplinarias, al considerar que se les vulneraron algunos de sus derechos fundamentales.
Retorno a la Alcaldía de Bucaramanga
A mediados de noviembre pasado, la jueza Quinta Administrativa de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano Arenas, amparó los derechos de 16 exfuncionarios de la Alcaldía de Bucaramanga y resolvió suspender de forma temporal los actos administrativos con los cuales fueron apartados de sus cargos.
La decisión de la jueza se dio ante una acción popular instaurada por Andrés Felipe Parra Rivera, en la cual se argumentó que tenía como objetivo proteger los derechos colectivos “a la moralidad administrativa”.
Justamente se pedía declarar medidas cautelares y suspender de forma inmediata cualquier cambio en el gabinete de la Alcaldía de Bucaramanga, hasta que se dieran las elecciones atípicas que tuvieron lugar el pasado 14 de diciembre.
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Esta decisión judicial amparó los derechos de los entonces exsecretarios Ana María Vargas (Administrativa), Alix Cecilia Chinchilla Rueda (Educación), Iván Darío Torres (Desarrollo Social), Paola Andrea Mateus Pachón (Jurídica), Stephanía Soto Gómez (Sub-Interior), Liliana Serrano (Sub-Ambiente), Rosemberg Sanabria (Sub-Ambiente), Carlos Javier Méndez (Sub-Infraestructura), Manuel Parada (asesor), Diego Alonso Reyes (asesor), Neyla Parra (asesora), Jaime Otero (asesor), Wilson Díaz (asesor), Diego Rodríguez (Dirección de Bomberos), César Cordero (gerente del Invisbu) y Edna Díaz (tesorera).
Con la llegada de Cristian Fernando Portilla a la Alcaldía de Bucaramanga, tras las elecciones atípicas del 14 de diciembre, algunos de ellos regresaron a la administración municipal y continúan ejerciendo sus respectivos cargos.
