martes 18 de febrero de 2020 - 12:00 AM

Vélez con sed y aún no hay responsables por la fallida construcción de la represa de La Batanera

Dilaciones que retrasaron por un año las investigaciones de la Contraloría, no han permitido que hoy, cuatro años después del colapso de la represa de La Batanera y con el municipio de Vélez sin agua, haya algún responsable.
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desde hace más de dos semanas los habitantes del municipio de Vélez, Santander, sufren por el desabastecimiento de agua potable, a pesar, de que hace más de seis años la Gobernación de Santander, bajo la administración de Richard Aguilar, construyó la represa de La Batanera, un proyecto de infraestructura que tuvo un valor cercano a los $10 mil millones y que colapsó cuando se inició el llenado del mismo.

Además: Represa Batanera de Vélez colapsó por cambio de diseño

Aunque tres meses después de ocurrido el siniestro de la millonaria obra el contralor general de Santander para la época, Diego Fran Ariza, anunció hallazgos fiscales por $9.394 millones por las deficiencias presentadas en la construcción de la represa de la Batanera, a hoy, cuatro años después, aún no hay ningún responsable.

Las dilaciones del proceso fiscal

Carlos Fernando Pérez, contralor general de Santander, aseguró que aunque actualmente el proceso fiscal por las fallas en la construcción de la represa de Vélez se encuentra listo para fallo, la investigación tuvo un retraso por dilaciones del anterior Contralor del Departamento.

“Ese proceso tuvo una demora porque estuvo suspendido cerca de un año por un conflicto de competencias, donde la Contraloría General de Santander en algún momento tuvo unos elementos de juicio para decir que no era la competente para investigar ese problema y le remitió la competencia al Contraloría General de la República. La Contraloría General no acepta tan fácilmente y envían eso al Consejo de Estado para que dirima de quién es la competencia, el Consejo de Estado tardó un año y ordenó que debe ser la Contraloría de Santander los que debemos adelantar la respectiva investigación. Hoy está en Responsabilidad Fiscal y en los próximos días estaremos notificando a los presuntos responsables fiscales de ese daño, para que continuemos con las investigaciones de ellos”, señaló Pérez Gélvez.

Lea también: Presentaron informe sobre el colapso de represa La Batanera

Por su parte, el excontralor de Santander, Diego Fran Ariza, desestimó las declaraciones de su sucesor en el cargo y aseveró que fue la propia Contraloría General de la Nación la que decidió pedir el caso, al considerar que era ella la que tenía la competencia para revisar lo sucedido en La Batanera, ya que habían recursos de la Nación invertidos en la fallida obra.

“El proceso lo dejamos listo para fallo de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, tuvo sus retrasos porque ellos se lo llevaron un tiempo para la Contraloría General de la República porque ellos dijeron que como la obra tenía ingresos de la Nación, se lo llevaron. Después otra vez lo devolvieron diciendo que lo tenía que seguir llevando la Contraloría General de Santander. Así mismo, el proceso se demoró porque tocaba esperar el informe de la UIS para que la UIS técnicamente demostrara si fue una falla del contratista; este documento fue allegado solo hasta el año pasado por la Esant. Pero eso ya está listo. Nosotros determinamos el fallo por $9 mil y pico de millones”, aseguró Diego Fran Ariza.

Según el anterior contralor, por dichos daños fiscales fue inicialmente reconocido como presunto responsable solo el consorcio constructor, sin embargo, más adelante se incluyeron otros posibles responsables, como: el interventor, los supervisores e incluso el ordenador del gasto.

Esta redacción intentó confirmar dicha información con el actual jefe del ente de control fiscal en Santander, pero fue imposible el acceso a la misma debido a la reserva del proceso.

Un año para prescribir

Mientras persisten las dilaciones en el proceso fiscal, el tiempo corre en contra y puede incluso conllevar a que la investigación prescriba y no se determine ningún responsable.

Esto, debido a que la norma determina que los procesos fiscales deberán concluir antes de cinco años una vez aperturado, de lo contrario la investigación prescribirá y no se podrá determinar a ningún responsable por el colapso de La Represa de Vélez.

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“Hay que implementar recomendaciones de la UIS”

Para Juan Carlos González, líder de la veeduría Vélez 500 años, la fallas en la construcción de la represa de La Batanera se hubiesen prevenido si constructores y los entes de control hubieran atendido las advertencias que en su momento la veeduría ciudadana había elevado reiteradamente.

“Gracias a que ni los ejecutores ni los entes de control escucharon las denuncias que hicimos en su momento sobre las fallas en el proceso de construcción. Posteriormente los estudios de la UIS nos dieron la razón con el tiempo lastimosamente”, explicó Juan Carlos González.

Por tal motivo, la veeduría ciudadana a través de una carta que le envió al gobernador Mauricio Aguilar, con siete recomendaciones para dar solución de manera definitiva al problema de agua que vive dicho municipio, le pidió al mandatario departamental implementar las recomendaciones de la UIS para recuperar la operatividad de la represa de La Batanera.

“En el punto dos, de la carta de recomendación que nosotros hacemos le pedimos al Gobernador que implemente la recomendación de los estudios de la UIS y la Sociedad de Ingenieros de Santander, de hacer una captación más pequeña en el sitio de La Batanera y construir tanques de almacenamiento en sitios estables en la línea de conducción que ya se había construido con ese proyecto”, agregó el líder de la veeduría Vélez 500 años.

Además: Hallazgos fiscales por $9.394 millones en represa de Vélez

Represa colapsó por cambio de diseño: UIS

La modificación del ducto diseñado para el manejo de aguas fue la principal causa para que la represa La Batanera, en Vélez, Santander, colapsara el 7 de junio de 2016.

Así lo determinó el estudio técnico elaborado mediante convenio por la Universidad Industrial de Santander UIS y la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI y que fue publicado en agosto del 2018.

En el informe técnico se argumenta que desde 2013, cuando se aprobó la ampliación en plazo y valor por tres meses, se desarrollaron una serie de actividades en la obra que llevaron a que el ducto trabajara con mayor presión, lo que llevó a que explotara y ocasionara el desplome de la represa.

Otro de los factores que determinó el estudio, fue que durante el desarrollo de la obra se efectuaron cambios en los materiales usados durante la construcción de la mencionada represa. Prueba de ello es que, al parecer, instalaron un tubo de clase I en donde debía ir un tubo de clase IV, según los planos de la obra.

A lo anterior se suma que la represa fue construida en un terreno con dificultades geológicas, que afectaron la estabilidad de la misma. Por eso, aunque en un principio la obra estaba contemplada a ejecutarse en máximo 11 meses, al final duró 5 años en levantarse.

En contexto: Mantienen alerta por desbordamiento de represa en Vélez

¿Quiénes están detrás de La Batanera?

Aunque el contrato de obra pública para construir la represa de La Batanera fue firmado en el epílogo de la administración de Horacio Serpa, fue en el gobierno del exgobernador Richard Aguilar (actual Senador de la República y hermano del actual gobernador, Mauricio Aguilar), que se ejecutó la obra.

Aguilar Villa designó al entonces gerente de la Esant, Edwin Ballesteros (hoy representante a la Cámara por el Centro Democrático) como el responsable de la supervisión de la construcción de La Batanera.

El Consorcio Vasca, representado legalmente por Jesús Alberto Almeida, era el encargado de la construcción de la represa por $6.838 millones. Por su parte, Civing Ingenieros Contratistas, representada por Fabián Vallejo, fue la empresa contratada para realizar la interventoría por $669 millones. Posteriormente la obra tuvo una adición de $1.765 millones para la impermeabilización de la represa.

La obra fue recibida a satisfacción el 18 de diciembre de 2015 por la administración de Richard Aguilar Villa, a través del gerente de la Esant de la época, Edwin Ballesteros.

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