Columna de opinión de Álvaro Vecino Pico
La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad se han convertido en pilares fundamentales para el éxito empresarial. Más allá de asegurar una rentabilidad económica, hoy las empresas buscan minimizar sus impactos y, al mismo tiempo, involucrarse en los entornos locales como actores relevantes en el desarrollo de los territorios. Este compromiso implica el despliegue de una estrategia corporativa que responda a las expectativas y necesidades de los Grupos de Interés (G.I.) en un período de tiempo, con el objetivo de lograr la Licencia Social para Operar (LSO).
La LSO no es un documento formal. Ella se refiere al permiso tácito que las comunidades locales le otorgan a una empresa para realizar sus actividades. Se basa en la generación de confianza y la construcción de valor compartido entre la empresa y sus G.I. Este concepto surgió en la década de los 90 del siglo XX, en el campo de la minería y, poco a poco, se ha incorporado en otros ámbitos como la infraestructura vial, los hidrocarburos y, en general, todos los proyectos de Alto Impacto. Sin embargo, parece ser que en el campo de la infraestructura vial colombiana este concepto aún es desconocido o poco valorado, lo que conlleva consecuencias que impactan negativamente a las empresas, el Estado y, por supuesto, a las comunidades asentadas en los territorios donde se desarrollan los proyectos.
Algunos ejemplos de proyectos que no han logrado la LSO son evidentes, como la oposición de las comunidades en la construcción de los peajes de Rionegro (Santander) y el de Turbaco (Bolívar), que han afectado la continuidad de la concesión Autopistas del Caribe; y otro ejemplo es el de la fallida concesión Bucaramanga - Pamplona, donde no se logró el permiso para el uso de vías industriales y tampoco se llegó a un acuerdo con las comunidades por los impactos socio-ambientales del proyecto en los cerros orientales de Bucaramanga.
En las explicaciones sobre las causas de estas obras paralizadas y los impactos que se generan, se hace mucho énfasis en las posturas de las comunidades y los efectos negativos sobre la economía. Sin embargo, se conoce muy poco acerca del trabajo con cada grupo de interés, sus motivaciones, temores y la incertidumbre que el proyecto les genera o las medidas de mitigación y compensación propuestas; tampoco se habla de los impactos positivos que estos proyectos pueden tener en la calidad de vida de las comunidades y las oportunidades para el desarrollo de los territorios.
La LSO es vital para el éxito de cualquier proyecto de alto impacto hoy, pues como bien lo ha señalado Ecopetrol en su estrategia para la gestión del entorno: “No hay negocios viables en entornos fallidos”.
