El Congreso se inclinó por la prohibición absoluta, asumiendo que ese el mejor camino para resolver el problema. Y mientras los animalistas, con toda razón, celebran la veda, hay quienes piensan que muchas veces el remedio sale más caro que la enfermedad.
La prohibición de la tauromaquia está a un paso de convertirse en ley de la república. La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que la establece que deberá enviarse a sanción presidencial una vez se surta el trámite de conciliación. La iniciativa no la ha tenido fácil. Catorce proyectos de ley con ese mismo objetivo habían sido archivados, eso explica la eufórica celebración de quienes la respaldan.
Una vez se sancione la ley, las pocas plazas de toros diseminadas en la geografía nacional, en el transcurso de tres años, dejarán de ser lo que son para convertirse en centros de recreación, deporte y cultura. Luego deberá iniciarse el proceso de reconversión económica y laboral de quienes subsisten de las corridas de toros, el rejoneo, novilladas, becerradas y tientas.
El debate no termina. Las voces de apoyo a la iniciativa se han hecho sentir, igual que las de quienes se oponen a ella. La discusión terminará zanjándola la Corte Constitucional, que revisará el fondo y la forma del trámite legislativo y de la disposición misma, para determinar si se aviene o no a los principios, valores y reglas constitucionales.
A decir verdad, ese órgano judicial se ha pronunciado varias veces sobre el tema.
Ha señalado, por ejemplo, que en las corridas de toros y actividades similares se trata en forma cruel a los animales y constituyen una forma de maltrato animal; las cataloga como verdaderos actos de crueldad para con ellos, a quienes, con acierto, eleva a la categoría de seres sintientes, reconocimiento que tiene implicaciones significativas.
También ha dicho que existe un deber constitucional que impide el maltrato animal, que, como sucede con todos los principios, valores y reglas constitucionales, no es absoluto; y que la tauromaquia a lo largo de la historia ha sido reconocida como expresión artística y cultural de los pueblos de Iberoamérica, dentro de ellos Colombia.
En alguna oportunidad indicó que las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, deben regularse de manera detallada por el legislador, quien puede, incluso, prohibirlas, si considera que debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones culturales que impliquen agravio a los seres vivos. La regulación normativa, que no la prohibición, concluyó, debe determinar con exactitud qué acciones que impliquen maltrato animal pueden realizarse en desarrollo de las expresiones de la tauromaquia y de las actividades conexas a esa manifestación cultural.
El Congreso se inclinó por la prohibición absoluta, asumiendo que ese el mejor camino para resolver el problema. Y mientras los animalistas, con toda razón, celebran la veda, hay quienes piensan que muchas veces el remedio sale más caro que la enfermedad.
