En este contexto, es importante recordar algunas buenas prácticas contractuales recomendadas por expertos y entidades nacionales e internacionales, que buscan fortalecer la transparencia en la contratación pública:
Corre el segundo semestre de 2024, noveno mes de gobierno de alcaldes y gobernadores, los ciudadanos ya tenemos una clara percepción sobre cómo se desarrollarán sus mandatos a lo largo de su periodo.
¿Cómo están ejecutando los gobiernos locales las políticas públicas, programas y planes de desarrollo? ¿Se están llevando a cabo las contrataciones públicas necesarias con las debidas garantías de transparencia?. Al revisar de manera general el SECOP (Sistema Electrónico de Compras Públicas) en relación con la de la contratación de los gobiernos locales en Santander, se observa una preocupante tendencia: baja participación de oferentes, falta de voluntad de las entidades contratantes para establecer criterios de selección abiertos y competitivos. Si esta tendencia persiste, seguramente al final de año podríamos enfrentarnos a resultados desalentadores en materia de transparencia, a pesar de las promesas de muchos gobiernos de promoverla.
En este contexto, es importante recordar algunas buenas prácticas contractuales recomendadas por expertos y entidades nacionales e internacionales, que buscan fortalecer la transparencia en la contratación pública:
- Fortalecimiento del proceso de planificación: Muchas entidades públicas no realizan una planificación adecuada, limitándose a reaccionar ante emergencias en lugar de anticipar y diseñar una estrategia sólida para el mediano y largo plazo. La falta de planificación adecuada contribuye a problemas fiscales, penales y disciplinarios que afectan a ordenadores de gasto.
- Mejorar la calidad de los datos abiertos: Muchos documentos de contratación se publican de manera tardía, incompleta o en formatos poco accesibles para los posibles oferentes. Es crucial garantizar que tanto los potenciales participantes como la ciudadanía en general puedan acceder fácilmente a la información, fomentando el control social en estos procesos.
- Criterios de selección justos y objetivos: Los requisitos de participación deben ser claros, acordes con la realidad del mercado y libres de restricciones innecesarias o criterios inusuales. Es fundamental que los procesos de selección promuevan una alta competitividad y no impongan barreras arbitrarias.
- Cronogramas de ejecución realistas: Una práctica común que desalienta la participación es el establecimiento de cronogramas muy ajustados o de cumplimiento prácticamente imposible. Estos cronogramas están estrechamente relacionados con la falta de planificación y también son una causa frecuente de sanciones fiscales y disciplinarias contra los funcionarios públicos.
- Aplicación correcta de las normas contractuales: Es habitual que algunas entidades interpreten las normas de manera sesgada o conveniente para limitar la participación de oferentes. Este tipo de prácticas lesiona la confianza en los procesos de contratación y favorece la exclusión.
