Publicado por: Editorial
Cuando un ciudadano colombiano pierde la vida, como le ocurrió al joven santandereano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, Estados Unidos, en un procedimiento migratorio en el que ni siquiera era el objetivo buscado, el Estado colombiano tiene la obligación de alzar la voz y exigir respuestas claras, como debe hacerse siempre, para defender la dignidad de quienes llevan nuestro pasaporte y merecen ser tratados con respeto, independientemente de su estatus migratorio.
Johan Durán contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social, adelantaba sus trámites migratorios y se sostenía con el fruto de su esfuerzo en dos empleos, con los que luchaba por el bienestar de su familia, siempre dentro del marco de la ley, por lo que su muerte, como producto de un operativo dirigido contra otra persona, debe hacer que reflexionemos sobre el trato que reciben nuestros connacionales en el extranjero. La versión oficial, que sostiene que el conductor representaba una amenaza, se cae por su peso con el hecho incontrovertible de que Johan no era la persona buscada.
Por esto, el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de acompañar a la familia Durán Guerrero y gestionar ante las instancias correspondientes una investigación que no deje lugar a dudas, sobre la base de que exigir justicia y respeto no son actos de hostilidad, sino de defensa de los derechos humanos fundamentales. Este caso evidencia que la situación migratoria de un colombiano en Estados Unidos puede volverse precaria incluso cuando ha cumplido con los requisitos legales, lo que hace aún más importante la protección consular.
Si bien es comprensible que muchos colombianos busquen horizontes más amplios, el camino debe recorrerse con estricto apego a las leyes del país de destino, pues viajar sin la documentación requerida, ingresar por pasos no habilitados o permanecer en situación irregular multiplica los riesgos y expone a nuestros conciudadanos a condiciones de vulnerabilidad que pueden derivar en tragedias. Por otra parte, advertir sobre los peligros de la migración irregular no es desalentar el sueño de progreso, sino contribuir a que ese sueño se construya reduciendo al mínimo los riesgos para quienes deciden intentarlo.
El caso de Johan Durán Guerrero debe servir para impulsar una política migratoria más firme y coherente, dado que Colombia no puede limitarse a lamentar las muertes de sus ciudadanos en el extranjero, sino que está obligada a prevenir y a reaccionar con energía cuando ocurren, sobre todo en casos como este, en el que una vida humana fue sacrificada por un error de identificación o por una decisión precipitada en un procedimiento de rutina.
Es comprensible la indignación de la familia Durán Guerrero y de todos los colombianos que ven en este caso un reflejo de la agresividad con que a veces se trata a los migrantes, y esa indignación debe canalizarse en exigencias concretas y en acciones coordinadas entre el Estado y la sociedad civil para reclamar justicia en un marco de respeto mutuo entre naciones, pues la relación bilateral con Estados Unidos debe incluir entre sus temas prioritarios la protección efectiva de los ciudadanos colombianos en su territorio.
