Crece la polémica por el borrador de decreto con el que el Ministerio de Hacienda pretende cobrar a las compras que se hagan por Nequi, Daviplata, Bre-B, entre otros.
Publicado por: Redacción Vanguardia
El proyecto de decreto que pretende gravar las transacciones digitales con una retención del 1,5 % ha generado rechazo en el sector financiero por varios motivos.
Uno de los principales problemas es que limitaría la inclusión financiera a billeteras digitales como Nequi, Daviplata, Dale o incluso Bre-B, el sistema de pagos que lanzó el Banco de la República recientemente.
La iniciativa del Gobierno busca unificar la tarifa de retención en la fuente del impuesto de renta (del 1,5 %) aplicada a los pagos realizados por la venta de bienes o servicios.
Como advirtió el Centro de Estudios económicos, Anif, esa medida ya existe en tarjetas de crédito y débito. Con la nueva norma se aplicaría a medios exentos como los códigos QR, tarjetas digitales y transferencias entre depósitos de bajo monto, incluidos billeteras digitales como Nequi, Dale o Daviplata para los responsables del IVA.
Esta pretensión de cambio, que fue revelada por La Silla Vacía, buscaría nivelar las condiciones con métodos de pago como tarjetas de crédito y débito.
Si bien el valor se le retiene al vendedor del producto, en la práctica ese costo adicional se terminaría trasladando al consumidor final.
¿Por qué se vuelve un problema para la inclusión financiera?
De acuerdo con el informe de Anif, uno de los principales retos estructurales de la economía colombiana es su nivel de informalidad laboral. El último informe de mercado laboral del Dane advierte que hay una formalidad cercana al 55 % en el país.
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“La medida representa un traspié para la reciente implementación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos de bajo valor desarrollado por el Banco de la República. Esta infraestructura pública, orientada a promover la interoperabilidad entre bancos, billeteras digitales y otros actores, busca acelerar la transición hacia una economía más digital e integrada”, señala Anif en su informe.
Para ese centro de estudios, lejos de ‘nivelar la cancha’, esa medida se vuelve un palo en la rueda para la adopción de plataformas como Bre-B y que se opte por el uso de efectivo.
“Este tipo de ajustes regulatorios resultan especialmente costoso para el éxito de la infraestructura de pagos, pues debilita la confianza de los usuarios y envía una señal contraria a los esfuerzos de formalización y digitalización del sistema financiero”, explica el informe de Anif.
Una de las conclusiones de ese centro de estudios es que el Gobierno prefiere “sacrificar avances en términos de inclusión financiera en un intento por enfrentar las necesidades fiscales inmediatas”.
