Si la tragedia vivida en el Pacífico colombiano implica un antes y un después en materia de prevención de desastres, el sismo de magnitud 5,1 registrado el miércoles de la semana pasada en Bucaramanga debe ser una alerta que no puede pasar desapercibida. Santander concentra una gran parte de los sismos registrados en Colombia, debido al sistema de fallas que atraviesa el departamento.
Para determinar si estamos preparados para una catástrofe, debemos partir de la premisa de que la prevención y la planificación no pueden ser vistas desde un espectro individual y segmentado. Debe ser un acto colectivo, donde el Estado, representado por los entes territoriales, juegue un papel esencial mediante políticas públicas, estrategias y control urbano orientados a la prevención de desastres.
Si bien es cierto, como lo ha manifestado Camacol-Santander, que la ingeniería santandereana es de alto nivel y cumple exigentes estándares en sismorresistencia, solo en Bucaramanga aproximadamente 198.600 personas residen en asentamientos informales, lo cual equivale a casi un tercio de la población urbana de la capital santandereana. En comunas como la uno, en el norte de la ciudad, y la catorce, en el cerro de Morrorico, el modelo de desarrollo urbano se hace mediante autoproducción de vivienda, sin asistencia técnica suficiente y sin garantizar condiciones adecuadas de localización, diseño y materiales.
Para la región, la planificación territorial no es una prioridad. La mayoría de los planes de ordenamiento se encuentran desactualizados o no reflejan la realidad del territorio. A pesar del alto riesgo en el cual se encuentra el área metropolitana de Bucaramanga, no se han actualizado los estudios de microzonificación sísmica, los cuales datan de principios de siglo; tampoco se ha logrado consolidar una visión estratégica suficiente en materia de vivienda, gestión del suelo y gestión integral del riesgo, articulando políticas públicas y, mediante mecanismos de compensación, distribuir responsabilidades entre los municipios para habilitar zonas destinadas a vivienda y reubicaciones, promoviendo la formalidad y las buenas prácticas constructivas.
En materia de asentamientos humanos informales, el crecimiento ha sido exponencial en los últimos años, sin decisiones que eviten su proliferación. Las legalizaciones realizadas en diferentes municipios dejan estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo con recomendaciones de obras de mitigación que no se ejecutan y que, con el paso de los años, pierden vigencia.
Entonces, si sumamos a lo anterior la existencia de construcciones antiguas que requieren reforzamiento, bajo la premisa de que las edificaciones formales construidas recientemente cumplen los requisitos de sismorresistencia, debemos reconocer que Santander no está preparado para un movimiento telúrico de alto impacto. Prevenir una tragedia depende de nuestra capacidad para tomar conciencia, planificar con responsabilidad y actuar con urgencia antes de que el desastre nos obligue, una vez más, a reaccionar.
