El coronel Aguilar fue Gobernador de Santander desde enero del 2004 hasta diciembre del 2007 y fue durante su mandato que él celebró 20 convenios, hoy base de la acusación de la Fiscalía, para construir Panachi.
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación, sorprendió a los santandereanos cuando - trinó - a través de la red social X lo siguiente: “Con esta petición culminó en la Sala Especial de Primera Instancia de @Corte Suprema, el juicio oral que se seguía en contra del exmandatario departamental, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En los próximos días se conocerá el sentido del fallo”. El trino se refería al coronel (R) Hugo Heliodoro Aguilar que, si bien es cierto ya fue condenado por delitos relacionados con paramilitarismo, esta nueva acusación de la fiscalía es la primera que se presenta por violar la ley 80/93 (contratación estatal). Lo insólito de este cuento es que aparezca después de casi 20 años de haberse cometido los supuestos delitos. Parece un chiste.
El coronel Aguilar fue Gobernador de Santander desde enero del 2004 hasta diciembre del 2007 y fue durante su mandato que él celebró 20 convenios, hoy base de la acusación de la Fiscalía, para construir Panachi. Los mencionados convenios fueron cuestionados en su momento tanto por la Sociedad Santandereana de Ingenieros como por la Fundación Participar.
Que la Fiscalía se pronuncie 18 años después, sobre los cuestionados convenios, nos lleva a reflexionar sobre dos incontrovertibles efectos: 1) que el famoso dicho “la justicia cojea pero al fin llega” es cierto, pero el hecho de ser tan demorada, además de generar desconfianza, produce en los administradores públicos (gobernadores, alcaldes, funcionarios y contratistas) y en la sociedad en general un ambiente casi cultural de que acá no pasa nada por violar la Ley de Contratación y genera un efecto multiplicador de la corrupción. Y la verdad es que si pasa. Los casos de los Moreno Rojas, Raúl Cardozo, Manantial de Amor con siete condenas, entre ellos seis contratistas, y ahora este, son un ejemplo relativamente aceptable pero, la verdad, es que aún tienen paralizados muchos procesos, cuyos resultados generarían recuperación de confianza en la justicia y 2) Que sea esta la primera acusación que se formula al coronel Aguilar por líos en la contratación, da la medida de las limitaciones e incapacidad de la Fiscalía para detectar y documentar violaciones a la ley, en un tema especializado como la contratación estatal.
Lo que se viene contra el exgobernador Aguilar y los funcionarios y contratistas vinculados a Panachi, es gravísimo, en el evento de que la Corte Suprema de Justicia falle y condene.
Mi reflexión final: que se haga pronta justicia y que las nuevas generaciones de profesionales examinen estos casos y no crean que el éxito en la contratación estatal solo se logra con trampas y coimas. Los santandereanos …QUEDAMOS EXPECTANTES.
