Desde los cafetales y cacaotales de Santander, la tierra envía un mensaje que ningún decreto puede reemplazar: sin suelos vivos ni agricultores con condiciones dignas, las leyes de protección alimentaria se quedan en el papel.
Publicado por: Iliana Margarita Garnica Ruiz: El Campo en Tacones
En los últimos días, el futuro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) volvió al centro de la conversación, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara su intención de iniciar la derogatoria de las resoluciones relacionadas con esta figura. Para adelantar este proceso, dio instrucciones al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero.
Este anuncio reabrió un debate que considero necesario. Antes de entrar en él, conviene explicar de qué estamos hablando:
Las APPA están contempladas en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, como áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación. Su declaratoria corresponde al Ministerio de Agricultura, de acuerdo con los criterios definidos por la UPRA.
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, estudia aspectos como la aptitud de los suelos, la disponibilidad de agua y otras condiciones para identificar territorios estratégicos para la producción de alimentos.
En Santander, primero se identificaron las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura declaró el APPA en estos dos municipios mediante la Resolución 000187 del 2 de julio de 2026.
Estos dos municipios tienen diversidad productiva. La información técnica registra 19 cultivos entre los dos: cacao, palma de aceite, café, aguacate, plátano, banano, naranja, limón, mandarina, mango, yuca, maíz y tomate. En 2023, ambos municipios reportaron 85.410 toneladas de producción agrícola.
Entonces, mi pregunta es: ¿qué estamos protegiendo realmente: un límite en el mapa o la fertilidad del suelo?
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Desde mi punto de vista, considero que las APPA pueden proteger el territorio, pero no garantizan por sí solas la seguridad alimentaria. La verdadera seguridad alimentaria depende de dos pilares inseparables: la salud del suelo y la rentabilidad del productor.
Si el agricultor no puede vivir dignamente de su trabajo, tarde o temprano abandonará el campo, cambiará el uso de la tierra o las nuevas generaciones buscarán futuro lejos de la agricultura, aunque exista una figura de protección.
Como agricultora agroecológica desde hace diez años, y con un conocimiento que he ido adquiriendo de manera autodidacta, los árboles de mi finca me han enseñado que donde crecen raíces sanas está la base de una agricultura productiva, rentable y sostenible. Por eso propongo que entendamos que necesitamos regenerar nuestros suelos para construir ecosistemas vivos y sistemas productivos equilibrados y sanos.
La salud del suelo es una de las bases para producir alimentos de calidad y construir una agricultura orientada a la salud humana. La seguridad alimentaria no puede medirse únicamente por las toneladas que producimos, sino también por lo beneficioso, nutritivo y saludable de los alimentos que llegan a nuestra mesa.
Quiero aclarar que un suelo vivo no significa un cultivo libre de problemas. Una planta puede verse afectada por las condiciones climáticas, las características de la variedad, las enfermedades o plagas, la disponibilidad de agua y el manejo agrícola. Sin embargo, cuando crece en un suelo con buena materia orgánica, actividad biológica y nutrición equilibrada, tendrá mejores condiciones para tolerar las dificultades.
En San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí, territorios importantes para la producción de cacao en nuestro departamento, se ha documentado ampliamente la problemática del cadmio. Esta situación debería invitarnos a continuar, desde cada cultivo, territorio y variedad, procesos ecológicos basados en la observación, la prevención y la regeneración de los suelos, para anticiparnos a dificultades que puedan limitar la comercialización y exportación por la presencia de metales pesados.
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Me agradó escuchar en el discurso de posesión de Abelardo de la Espriella su referencia a las necesidades del campo: vías, conectividad, seguridad y comercialización justa. También planteó incorporar Cosecha Solidaria como una política pública, iniciativa que lideró durante la pandemia y que consistía en comprar directamente alimentos a los campesinos para llevarlos a las familias más vulnerables, buscando evitar que las cosechas se perdieran y acercar los alimentos al consumidor.
Ha planteado, además, la importancia de consolidar la Orinoquía como una gran despensa agrícola. Nosotros, desde Santander, debemos continuar adelante con el desarrollo agrícola y pecuario de nuestro departamento, porque para que Colombia sea una despensa de alimentos necesitamos producir sosteniblemente, siendo amigables en la forma de trabajar la tierra y ayudándola a recuperar su capacidad de regenerarse para que, una vez recuperada, continúe por sí misma sus procesos naturales.
La norma tiene una función, pero la conciencia individual también es indispensable. Podemos crear reformas, normas y decretos, pero sin compromiso con el cuidado del suelo, su fertilidad y la biodiversidad, difícilmente construiremos una agricultura sostenible. No podemos pensar solo en el beneficio de hoy sin preguntarnos qué tierra estamos dejando para mañana.
Lo que sí me preocupa es qué tipo de agricultura estamos protegiendo.
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Una agricultura que produzca alimentos sanos para la salud humana y que, a su vez, proteja los suelos, las fuentes de agua, favorezca la biodiversidad, contribuya a la captura de carbono y ayude a construir un país más verde, con una mejor economía y mayor rentabilidad agrícola. Una agricultura donde el campesino pueda vivir con dignidad de su trabajo, porque el campo no se sostiene únicamente con normas: se sostiene con agricultores.
Y para eso, necesitamos precios justos, acceso a mercados y condiciones que hagan de la agricultura una actividad atractiva y rentable, tanto para el agricultor de hoy como para las generaciones futuras.
Proteger el campo exige mucho más que decretos y delimitaciones. Los agricultores necesitan suelos saludables, precios justos, acceso a mercados y condiciones que hagan de la actividad agrícola una opción viable para las nuevas generaciones.
Las normas pueden proteger el territorio, pero son las personas, con sus decisiones, quienes pueden cuidar el suelo y construir una verdadera seguridad alimentaria, definiendo qué tipo de agricultura queremos proteger.
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Aprovecho estas líneas para hacer un homenaje a todos aquellos que trabajan en el campo y que jamás renuncian pese a la adversidad.
Mi admiración y mi aplauso para ustedes, compatriotas excepcionales, porque en sus manos florece el presente y se siembra el futuro de Colombia.
