El anuncio de una revisión rigurosa de la Jurisdicción Especial para la Paz merece una lectura serena, pues no pone en duda su existencia ni permite desconocer lo actuado. La JEP tiene fundamento constitucional y legal, autonomía judicial y competencias que no dependen del gobierno de turno. Examinar su funcionamiento supone valorar sus avances, advertir las dificultades y establecer cómo puede cumplir mejor la misión que le fue confiada.
Ese análisis debe reconocer una realidad que suele quedar fuera del debate. La Jurisdicción ha esclarecido hechos que permanecieron durante más de veinte años sin respuestas suficientes, ha reunido verdades antes fragmentadas y ha propiciado reconocimientos de responsabilidad. Se trata de un logro trascendental, dada la magnitud del conflicto, el número de víctimas y comparecientes y la complejidad de reconstruir acontecimientos ocurridos décadas atrás.
Ahora enfrenta una fase especialmente exigente, en la que la justicia restaurativa comienza a expresarse mediante audiencias públicas, actos memoriales, iniciativas ambientales y acciones de dignificación. Para hacerlas posibles, se han promovido acercamientos con autoridades territoriales, entidades ambientales, empresas de servicios públicos, medios de comunicación y organizaciones culturales. Esta articulación puede llevar las decisiones hasta las comunidades y convertir los compromisos asumidos en realizaciones perceptibles.
La colaboración institucional, sin embargo, requiere límites definidos. Las entidades convocadas pueden facilitar la ejecución de las medidas reparadoras, pero no sustituir las obligaciones de quienes comparecen; por ello, su contribución debe diferenciarse del aporte que corresponde a cada compareciente. Toda acción, además, deberá guardar relación con el daño reconocido, atender la voz de las víctimas y permitir comprobar su cumplimiento.
Para los integrantes de la Fuerza Pública que han cumplido, el debate no debe generar zozobra. Quienes han entregado información, asistido a diligencias y efectuado los reconocimientos correspondientes conservan plenamente sus garantías, de modo que su conducta debe valorarse individualmente y su situación no puede modificarse arbitrariamente. Esto no supone impunidad, concesiones automáticas ni liberación de obligaciones pendientes.
La considerable carga de trabajo explica la duración de numerosos trámites, pero el cumplimiento debe producir consecuencias jurídicas claras. La seguridad jurídica exige que cada persona sepa qué debe hacer, cómo acreditar sus aportes y cuándo obtendrá una decisión motivada.
El reto no consiste solamente en decidir más, sino en lograr que cada determinación produzca efectos comprobables para las víctimas y cierre oportunamente la incertidumbre de los comparecientes.
La JEP que Colombia necesita debe preservar lo alcanzado y afrontar los retos actuales. Su legitimidad dependerá de que la verdad esclarezca, el reconocimiento dignifique, las medidas se ejecuten y quienes hayan honrado sus compromisos reciban una respuesta oportuna y definitiva. Revisarla con rigor debe fortalecer su capacidad para reparar a las víctimas y brindar plena seguridad jurídica sobre las situaciones aún pendientes.
